Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 299 del código penal del Distrito Federal

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. Planteamiento del problema

El resguardo de los datos personales y la información atingente a los procesos judiciales y administrativos debe ser resguardado por las autoridades, el cumplimiento de esta obligación garantiza que la identidad de las personas que participan en los procesos no se difunda y se filtre, permitiendo que los procesos no se sometan a intervenciones externas que contaminen la correcta administración de justicia.

Que la información personal y el contenido de los expedientes se mantenga a correcto resguardo por la autoridad fomenta la cultura de la denuncia, que los víctimas no tengan temor de que la información como su nombre o nombre de familiares, domicilio, profesión y otras descritas en las leyes puedan ser difundidas y que terceros ajenos a los procedimientos puedan utilizar estos datos para inhibir la intervención de estas personas en el proceso penal.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México regula “el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de sujetos obligados”

Así, esta norma también regula los procedimientos que deberán efectuar las autoridades para garantizar el resguardo de la información personal en los expedientes judiciales y de manera especial se dispone que tipo de información pueda ser recabada por el sujeto obligado en casos de indagatorias e investigaciones ministeriales.

En todos los casos, el tratamiento de los datos personales se debe realizar desde el criterio de licitud y protección de esta información. En caso de que el sujeto obligado incumpla con estos principios puede ser sancionado, para lo que la ley mencionada dispone lo siguiente:

Artículo 127. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:

I.a II…

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;

V. No recabar el consentimiento del titular, lo que constituye que el tratamiento sea ilícito, o no contar con el aviso de privacidad, o bien tratar de manera dolosa o con engaños datos personales y las demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en la presente Ley;

VII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establece la presente Ley;

VIII. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad;

IX. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley;

X a XIII…

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, IX, XI y XIII, así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

….

….

Artículo 128. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

De la lectura de estos artículos se infiere que el tratamiento indebido o doloso de los datos personales amerita una sanción de índole administrativo y la autoridad que conozca de estos hechos puede dar vista a las autoridades competentes. Ahora bien, en este caso nos encontramos ante una ley que determina conductas sancionables, pero sin la correspondiente descripción del castigo que amerita por la comisión de las mismas.

En el mismo caso encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone lo siguiente sobre el tratamiento indebido de los datos personales de las personas que intervienen en un proceso penal:

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Artículo 106. Reserva sobre la identidad En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionada por la legislación aplicable.

En este caso, también el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que la falta de cuidados en la reserva de datos amerita ser sancionada, sin embargo tampoco se señala para estas conductas sanciones específicas, ya sean administrativas o penales y solo nos remite a la “legislación aplicable”

De lo que se describe de las disposiciones invocadas, se concluye que el régimen sancionatorio al indebido uso que pueden hacer las autoridades de los datos personales en el proceso penal es incompleta, pues claramente las leyes que regulan esta materia nos remiten a otros ordenamientos para sancionar estas conductas, sin embargo la correspondiente descripción típica no existe en el Código Penal del Distrito Federal y por lo tanto la comisión de la conducta no tiene consecuencias para el funcionario infractor.

II. Argumentación de la propuesta

La que suscribe considera necesario adecuar el Código Penal del Distrito Federal para que se sancione penalmente a los funcionarios que hagan uso indebido de los datos personales de las personas que participan en el procedimiento penal y sus expedientes, es decir, se pretende garantizar que las víctimas, imputados, testigos y que la información relativa a las investigaciones sea resguardada de manera adecuada y se propone incorporar un tipo penal que castigue a los funcionarios que no acaten los principios de resguardo de datos.

Esto solo tiene el objetivo de perfeccionar la legislación en materia de cuidado de los datos personales de las personas y la información que obran en los expedientes en los procesos penales. Sancionando penalmente aquellas conductas contrarías al derecho de las partes para que sus datos personales queden en secrecía, se podrá evitar filtraciones de información que puedan perjudicar la seguridad y el prestigio de quienes participan en estos procesos

El Título Vigésimo del Código Penal del Distrito Federal versa sobre los “Hechos de corrupción y delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos” aquí es donde se pretende incorporar el tipo penal propuesto en el cuerpo de este documento. En este sentido, se propone incorporar una fracción X al artículo 299 del Código Penal del Distrito Federal, en el que se considere imponer de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa al servidor público que difunda o comunique a terceros no legitimados información de expedientes de un proceso penal o los datos personales de los sujetos que son partes en los mismos.

De esta manera se pretende garantizar los derechos de las personas que participan en el proceso penal y prevenir casos como los que ya se han suscitado en los que denunciantes, victimas o acusados sufren intimidación, escarnio y demerito de su imagen por difusión indebida de información que debió ser resguardad y mantenida en secrecía, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 299 del Código Penal del Distrito, en el que se adiciona la fracción X, para quedar como sigue:

CAPÍTULO IV

DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA

ARTÍCULO 299. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que:

I a IX

X. Difunda o comunique a terceros no legitimados información de expedientes o los datos personales de los sujetos que son partes en un proceso penal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

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