Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 353 del código penal de la CDMX

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I. Planteamiento del problema

El 12 de febrero de este año, se reformó el artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanospara ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. En el caso que nos ocupa, la hipótesis que contempla esta medida cautelar es la utilización de los programas sociales con fines electorales, al respecto el texto constitucional refiere lo siguiente:

 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que de determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

 

Coincidimos en la propuesta en lo esencial y en que se debe de castigar cualquier conducta que vulnere los principios de certeza e imparcialidad en los procesos electorales. En México existe una triste tradición de utilizar los programas sociales con fines electorales, políticos que han alcanzado resultados electorales favorables utilizando recursos públicos para beneficiar a sus candidatos.

 

Existen dos formas de utilización de los programas sociales para asegurar el voto.

 

El primero es por medio de la coerción, en la que funcionarios públicos o personas que se pueden considerar como sus cómplices, que sin tener un cargo público presionan a las personas obligándolas bajo amenazas a que sufraguen a favor de quien se le indica. Esta hipótesis ya está considerada en el artículo 353, fracción XVII del Código Penal del Distrito Federal.

 

Hay otra forma más sutil, pero no por menos grave y peligrosas para la democracia de utilizar los programas sociales para fines electorales, que consiste en una amenaza sutil a los electores para que no voten por otro candidato distinto al gobierno que proporciona el programa social, bajo la amenaza de que el apoyo será retirado o cancelado a los beneficiarios. Como vemos, esto es una amenaza a la inversa adjudicada a un tercero, pero el emisor son los simpatizantes o funcionarios públicos que proporcionan el programa.

 

II. Argumentación de la propuesta

 

En sentido de la problemática planteada, es necesario incorporar en el Código Penal del Distrito Federal la sanción para funcionarios públicos o personas que utilizando los padrones, listados o cualquier documento que contenga la información de las personas que son beneficiarias de un programa social, busque incidir en el ánimo del elector.

 

Se pretende incorporar este tipo penal especifico en virtud de que independientemente de que ya estátipificada la utilización de los programas sociales con fines electorales, sin embargo de este ilícito se desprende otro que es la utilización de los listados de beneficiarios, que contienen nombre, domicilio, edad, estado civil, condiciones de salud y otros datos que se deben de considerar como reservados y que las autoridades deberían mantener en pleno resguardo. En suma, los funcionarios o personas que utilicen estos listados deben resguardar la información que poseen pues contiene datos personales y de terceros y no deben ser utilizados para tratar de beneficiar a un candidato o partido político.

 

La información contenida en los padrones de beneficiarios se considera información reservada y confidencial y solo debe ser utilizada por los gobiernos para garantizar que los recursos destinados a los programas sociales se les hagan llegar a los beneficiarios.

 

En los procesos electorales se ha observado a personas que utilizan los listados y en los días previos a la elección visitan a los beneficiarios de los programas para tratar de incidir en el voto.

 

Para perfeccionar la legislación que pretenden castigar estas conductas y que ya tiene su base constitucional en el artículo 19, que como se explicó párrafos anteriores considera como delito grave la utilización de programas sociales para fines electorales, esta propuesta pretende incorporar un nuevo tipo penal que sancione estas conductas.

 

Con esta propuesta se pretende sancionar ejemplarmente a los funcionarios o a cualquier persona que utilice listados o padrones de beneficiarios de programas sociales y se les sorprenda haciendo proselitismo a favor de partidos o candidatos. Es necesaria esta incorporación para garantizar la imparcialidad y la equidad de los procesos electorales.

 

En congruencia con la Reforma Constitucional, este Congreso deberá aprobar esta reforma al Código Penal y sancionar ejemplarmente a las personas que utilizando la información personal de los beneficiarios de programas sociales pretende hacer proselitismo a favor de un candidato o partido político.

 

La peor forma de medrar con la pobreza y con la marginación es mediante la utilización de la dadiva, la presión o el engaño ejercida desde el gobierno para obligar a los ciudadanos a que voten a favor de una persona o candidato. La peor manipulación se apoya en la compra de conciencias a partir de la necesidad de la gente.

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

 

PROYECTO DE DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 353 del Código Penal del Distrito, en el que se adiciona la fracción XXIX, para quedar como sigue:

 

TÍTULO VIGESIMOSEXTO

DELITOS CONTRA LA DEMOCRÁCIA ELECTORAL

CAPÍTULO ÚNICO

DELITOS ELECTORALES

ARTÍCULO 353. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien:

I a XXVIII…

XXIX. Utilice los listados o relaciones de beneficiarios de programas sociales para realizar proselitismo o promoción a favor de algún candidato, candidata, partido político, coalición o que realice cualquier conducta que pretenda influir en la voluntad de los electores antes o durante el proceso electoral.

 

La pena se aumentará al doble en el caso del funcionario que en términos de las disposiciones legales o reglamentarias debía resguardar la información contenida en los padrones de beneficiarios.

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